A propósito de la próxima celebración del Toro Jubilo, en Medinaceli, los antianimalistas, pues de otra forma no se puede denominar a quienes velan por la desaparición de una especie animal, plantean sus acciones impositoras y totalitarias que conducen al logro de sus objetivos. Como Internet es grande y cabe todo el mundo, no como en otras partes, uno puede acceder a lo que los miembros (y las miembras) pertenecientes a dicho colectivo opinan al respecto. Sobresale, por encima de todo, el corto bagaje intelectual de estos dictadores que, como tales, apenas son capaces de ver más allá de sus cejas. Alentados por los éxitos logrados en otros territorios, se convocan quedadas y protestas en el pueblo para eliminar un espectáculo cultural que ellos mismos reconocen puede remontarse a la edad del bronce, edad a la que muchos de ellos también pertenecen ideológicamente. Así que uno se pregunta porque se puede permitir que ellos sigan pensando como lo hacían aquellos hombres de la edad del bronce y sin embargo haya que prohibir costumbres que provienen del mismo periodo histórico. Salir de la citada época no significa sólo eliminar todo el patrimonio que de ella venga sino también cambiar el pensamiento y la mentalidad por otros más pluralistas y empáticos. Pero claro, hazles comprender eso a esta banda de quemabosques. Por cierto, preocúpense bien en Medinaceli de vigilar y proteger sus entornos naturales, estos ecologistas de mentira los utilizan como otros utilizan los escudos humanos y atentan contra flora y diversidad así se les pone a ellos en la brizna de la cresta. Lo hicieron hace un par de años en Tordesillas. Se excusan diciendo que se vieron acorralados. La mayoría de la gente, viéndose acorralada, no atenta contra aquello que defiende a ultranza, como ellos hacen con el entorno. Es una cuestión de principios.
Las últimas decisiones de nuestros gobernantes no están poniendo las cosas fáciles a la existencia del toro bravo en la Península. En este caso, el color del partido político en cuestión importa poco. La batalla contra el toro está más que servida, pero eso lo sabemos hace tiempo. Sería muy ilustrativo ver a los políticos defender causas sociales con el mismo ímpetu que están defendiendo el fin del patrimonio cultural del toro. Ojo, que no el taurino, sino el del toro. Pero el toro en todo este lío es el gran olvidado. Todavía no habrá oído usted a uno de estos hablar sobre el futuro del toro; les importa cuatro rábanos. Lo que sí se observa en el comportamiento de algunos políticos, y los acontecimientos así lo han demostrado, es la utilización de la tauromaquia como un campo de experimentación legislativa para alcanzar fines que superan con mucho el tema de la legalidad taurina. Amparados en la controversia del toros sí o toros no, enfrascados como quien no quiere la cosa en las leyes de consultas a la ciudadanía, la política de las autonomías hace experimentos para saber hasta qué punto el estado es flexible con el cumplimiento de la ley, a la vez que sientan precedente de desobediencia.
El ejemplo se ha visto en Cataluña donde se aceptó, como aspecto legal, la prohibición de las corridas de toros a partir de una decisión inconstitucional en todo orden. Al margen de las leyes, los políticos catalanes decidieron algo que no les competía: primero prohibir las corridas de toros, luego realizar un referéndum de autonomía. Ninguna de las dos tenía cualidad legal pero desde el momento en que el Constitucional pasó de largo ante la primera medida, la segunda venía rodada. Las cosas en San Sebastián no suceden de una forma diferente. Confunde en este caso ver al alcalde involucrado de tal manera en la realización de la consulta. Preocupa observar la cantidad de alternativas que barajan, los vericuetos por los que transitan y el despilfarro creativo que desarrollan con tal de poder realizar una consulta. Llegado el momento de la verdad, conocerán todas las posibles alternativas para realizar la consulta definitiva que será un referéndum como el de Cataluña ¿Son conscientes de esto los poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial?
