“Este acto se está llevando a cabo con total transparencia” fue la frase que, hasta en cuatro oportunidades, pronunció el Gerente General de la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana para calificar su manera de proceder durante la ceremonia de la subasta del arriendo de la plaza de toros de Acho realizada el día de hoy en el salón principal de la institución. Reiterativa afirmación que estaba fuera de lugar en un acto simple al que se presentaron sólo dos postores para, en sobre cerrado, presentar su propuesta económica, resultando favorecido con la buena pro quien hizo la propuesta más alta que, como lo dimos a conocer oportunamente en Opinionytoros, fue el señor Miguel Jesús Sarria García..
Acto simple pero de gran trascendencia para el destino de la fiesta brava en el Perú que estrena empresa, como para los miles de ancianos y niños desamparados cuya vida y bienestar depende de los dineros que la institución de Beneficencia puede obtener de los alquileres de sus inmuebles, de los cuales la plaza de toros de Acho representa la más alta rentabilidad. Es pues, o debería ser, preocupación para sus directores, obtener los más altos ingresos por su alquiler cosa que, desgraciadamente, no sucede en los tiempos que corren.
Si bien el acto mismo de la buena pro fue cristalino, como lo preconizó machaconamente su Gerente General, no lo son las bases sobre las que se sustenta, como lo denunciáramos en nuestro artículo Sin pudor ni Vergüenza que dio origen a ulterior carta al Presidente de la Beneficencia con copia a la Oficina de Control Institucional (sin respuesta hasta el momento). En las bases se exige al postor, además de la oferta económica que se califica en la subasta, la entrega de una importante cantidad de abonos (entradas) cuyo monto es del orden de los US $ 72,000 que, con destino desconocido, ingresa en forma irregular a la Beneficencia sin ser valorizado en caja ni registrado en libros contables.
Consecuencia de esta censurable acción es el resultado de la reciente licitación en la que ninguno de los dos candidatos ofertó el 15 % de la taquilla que le habría significado la calificación máxima de 100 puntos asegurándose el triunfo o en el peor de los casos el empate. Uno ofertó el 12% y el ganador el 13%. Si, como apreciamos de las bases, el arriendo mínimo a pagar el primer año es US $110,000 podemos deducir que el postor, para calcular el máximo porcentaje a ofertar toma la cifra mínima establecida. Es obvio que no ofrecieron más porque sus estudios económicos no se presentaron favorables a tomar un riesgo mayor luego de considerar los gastos que demanda montar la feria, el 5 % de impuesto municipal y la cantidad de abonos que, de acuerdo al inciso k) del artículo 34º de las bases, está obligado, bajo clausula punitiva, entregar a la Beneficencia cada año que, repetimos, representa US $ 72,000 a precio de venta al público.
Transparente y cristalino es, entonces, reiterar que, si el postor no hubiera estado obligado a entregar a la Beneficencia -bajo pena de multa de US $ 55,000 el primer año y mayor en los años posteriores- tal cantidad de dinero en entradas, la oferta de los postores podría haber sido 65 % mayor, es decir superior al 19 % para uno y 21 % para el ganador.
Transparente y cristalino deberá ser que el Presidente y directorio de la Beneficencia dispongan taxativamente que los abonos que el señor Sarria habrá de entregar a la Beneficencia, sean puestos a la venta pública para convertirlos en dinero que beneficie a los niños y ancianos desvalidos que la institución está obligada a proteger.
Transparente y cristalino será, finalmente, que si algún director o el propio Presidente deciden divertirse yendo a los toros, paguen de su peculio sus propias entradas con sus respectivos impuestos, como lo hacemos los aficionados, sin utilizar el dinero que está destinado a satisfacer las necesidades primarias de alimento y abrigo de seres desafortunados que han sido confiados a su cuidado. No hacerlo así es atentar contra la moral y las buenas costumbres.
