A dos meses de iniciarse la feria 2005 el ambiente limeño está alborotado porque el Tribunal Constitucional del Perú ha resuelto que los espectáculos taurinos no están exonerados –como lo han estado hasta hoy- del impuesto municipal y sus organizadores deberán pagar la tasa del 15% que establece el artículo 57 de la Ley de Tributación.
¡Lluvia sobre mojado! ¡Éramos muchos y parió la abuela! ¡Tras cuernos, palos! Cualquiera de estos dichos populares refleja la situación del aficionado que este año ha visto incrementado el precio de su abono en un 12% en relación con el del año pasado y ahora, con esta disposición de gobierno, no sabe que otro aumento habrá.
Sin tener la documentación a la mano y apoyándome simplemente en la memoria puedo decir que, la exoneración del impuesto municipal para las corridas de toros en Lima, nació hace mas o menos 15 años, cuando, a falta de postores para arrendar la plaza, la Beneficencia Pública de Lima propietaria de la misma, montó empresa con la ayuda de un experimentado asesor y llevó adelante la Feria. Como es de suponer, se hicieron gestiones y se logró que la municipalidad exonerara del impuesto a una entidad que, como la Beneficencia, no tiene fines de lucro y destina todos sus recursos a socorrer niños y ancianos desvalidos.
Posteriormente, cuando la Beneficencia entregó la plaza a una empresa comercial, esta reclamó el mismo trato apoyándose en el hecho (cierto por demás) que, el de los toros, es un espectáculo cultural. De allí a la fecha el pago de impuestos ha sido como en la canción de Julio Iglesias: A veces si, a veces no. Todo depende del empeño que pone la municipalidad para cobrar y la habilidad de cada empresa taurina para no pagar. Tengo entendido que en alguna oportunidad se llegó a un acuerdo entre las partes y algún impuesto se pactó para tranquilizar los arrestos ediles, pero casi siempre se logró llevar adelante la feria sin pagar un centavo al municipio aunque, todo hay que decirlo, tuvo que agradecerse el servicio con un buen paquete de entradas de favor.
No deja de ser anecdótico que los empresarios de hoy fueron los abanderados de ayer en la tesis que el espectáculo taurino debe pagar impuestos. Junto con la Alcaldesa de aquel entonces marcharon al Congreso reclamando una ley al respecto. Claro, todo eso fue cuando la plaza la tenía otro. A su turno, no dijeron esta boca es mía y aprovecharon la exoneración durante los últimos cinco años. No les habrá ido tan mal pues, no obstante el poco público que asiste a la plaza cada tarde (como máximo 50 % del aforo en las corridas cumbres) solicitaron y obtuvieron de la Beneficencia la prórroga del contrato por un año más.
No hace mucho se promulgó una ley que aparentemente consolidaba la exoneración, pero no fue así. La municipalidad no se dio por vencida y apeló ante el Tribunal Constitucional que resolvió como se ha dicho y con un preocupante agregado en el que expresa que el Estado no tiene el deber de promover manifestaciones culturales que impliquen actos de crueldad. "Por el contrario -subraya- debe asegurar que las personas no actúen con crueldad contra los animales, lo cual se justifica en el derecho fundamental al bienestar y a la tranquilidad de quienes sí se sientan afectados al presenciar o al tomar noticia de la existencia y realización de dichos tratos".
Creo sinceramente que el TC, tratando de sustentar su resolución, ha metido la pata porque crea la duda si la norma es consecuencia de la estricta aplicación de la ley o producto del rechazo visceral que el espectáculo taurino produce en los miembros que la han suscrito.
Surgen entonces algunas interrogantes: ¿Son antitaurinos los miembros del TC y han obrado en consecuencia? ¿Está dicha la última palabra? ¿Otro TC integrado por aficionados revocará la norma? Nadie lo sabe. Todo es posible en la dimensión desconocida de las leyes y la libre interpretación que de ellas hacen juristas y abogados.
Mientras tanto el aficionado viene tomando tranquilizantes para evitar el soponcio que le produce la perspectiva de un nuevo aumento del precio de sus entradas.
Considero, sin embargo, que sus temores son infundados porque así como, luego de la exoneración creada para beneficiar al público, las entradas no bajaron sino subieron de precio -una y otra vez- y permitió que la empresa se llevara más dinero al bolsillo; de la misma manera ahora, que tal beneficio se ha suprimido (temporal o definitivamente) le toca a la empresa bailar con la más fea y no le queda sino meter la mano al mismo bolsillo para devolver parte de aquello que, para decirlo elegantemente, tomó prestado indebidamente del sufrido aficionado.
